Así lo ha manifestado la coordinadora de CERMI Mujeres, Isabel Caballero Pérez, durante un seminario celebrado este jueves y organizado por Fundación Aspacia y Fundación CERMI Mujeres. El objetivo de este seminario web ha sido tratar los avances y retos que tiene nuestro país entorno a la problemática de la violencia sexual, en base a lo contemplado en el Convenio de Estambul.

 

El encuentro se ha inaugurado con dos ponencias que ha moderado la presidenta de Fundación Aspacia, Paloma Cemillán: la primera titulada “La violencia sexual a la luz del Convenio de Estambul: retos, avances y desafíos, ha sido protagonizada por la experta Biljana Brankobic del GREVIO (Grupo de Espertas en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer); y la segunda, que ha impartido la ministra de Igualdad, Irene Montero, bajo el título “La violencia sexual y el Convenio de Estambul en España, una cuestión de estado: avances y compromisos para la implementación del Convenio”.

 

En el acto también han intervenido la directora de Aspacia, Virginia Gil; la psicóloga y sexóloga perteneciente a la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), Raquel Hurtado; Cliona Eibhlin, perteneciente a Rape Crisis Network Ireland; y Tania Sordo, de la Colectiva 1600s.

 

En concreto, la coordinadora de CERMI Mujeres ha intervenido en la mesa redonda sobre ‘La interseccionalidad y la violencia sexual’, junto con Tatiana Retamozo, abogada especializada en género de la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI); e Inmaculada Lozano, investigadora y fundadora de Red Genera.

 

Isabel Caballero ha recordado que “en España seguimos teniendo una política pública que no tiene en cuenta a las mujeres con discapacidad al abordar cualquier tipo de violencia, como la sexual”.

 

En especial, la coordinadora de CERMI Mujeres ha hecho referencia a la esterilización forzada, una forma concreta de violencia sexual que “está muy invisibilizada”. De hecho, “no se contempla como delito sexual en la propuesta de la Ley orgánica de la garantía de la libertad sexual que se está debatiendo ahora”, ha afirmado Caballero. Con ello “España está incumpliendo el Artículo 39 del convenio de Estambul, que regula el aborto y la esterilización forzada”, ha aclarado.

 

En este sentido, Caballero en su intervención ha expuesto algunos datos que reflejan la situación en la que se halla España actualmente: en la Macroencuesta de Violencia contra la mujer de 2019 (DGVG, 2020) se muestra que el 14,8% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia sexual de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida frente al 8,9% de las mujeres sin discapacidad.

 

Asimismo, según la misma encuesta, las mujeres con discapacidad acreditada han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de sus vidas en mayor proporción (10,3%) que las mujeres sin discapacidad acreditada (6,2%). Mientras, el 4,7% de las mujeres con discapacidad han sido violadas por una persona distinta de su pareja o expareja, frente al 2,1% de las mujeres sin discapacidad.

 

Isabel Caballero también ha explicado que “además de la vulnerabilidad que sufren las mujeres con discapacidad por no haber suficientes leyes que garanticen su protección, también la percepción social existente sobre ellas aumenta su exposición a la discriminación y a la violencia”.

 

Al respecto, los datos reflejan que el 17,5% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia (física, sexual o emocional) de alguna pareja dicen que su discapacidad es consecuencia de la violencia de sus parejas. Este porcentaje asciende al 23,4% entre las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja. De hecho, entre el 2016 a 2019, ha habido 7 casos de agresiones sexuales múltiples a mujeres con discapacidad intelectual, según la base de datos Geoviolencia Sexual.

 

Por último, Caballero ha compartido algunas recomendaciones a llevar a cabo en para emprender un camino de erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres con discapacidad, de entre los que ha destacado “la realización de talleres de empoderamiento para prevenir esta violencia; la puesta en marcha de un protocolo de atención integral a mujeres con discapacidad que hayan sido víctimas de violencia sexual en todas sus manifestaciones, para prevenir, detectar, atender, y reparar el daño; y la creación de un plan de formación en género, discapacidad y sexualidad accesible dirigido a las mujeres, a las familias y al conjunto de profesionales que intervienen en la atención”.